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La discusión sobre la autonomía municipal de la ciudad de Rosario que se desarrolló en la Legislatura provincial debe ser acompañada de un amplio y profundo debate social, con la participación y aporte de todos los sectores y actores, zonas y regiones. No convertir una buena herramienta jurídico-política en un obstáculo más para alcanzar una sociedad justa y solidaria es una obligación de todos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía municipal? La autonomía municipal no es otra cosa que un marco jurídico que permite a los municipios fijar criterios propios sobre la organización de las instituciones políticas de la ciudad y sobre las políticas públicas a desarrollar por estos gobiernos locales. Lo opuesto a la autonomía es la heteronomía, que es cuando esos criterios son fijados por otro orden estatal; en el caso argentino, la nación o la provincia. Pero la definición de las materias sobre las que un municipio puede fijar sus propios criterios, (y a estas materias se las llama competencias) no puede ser determinada por el propio municipio sino que debe ser establecida por la provincia con los límites establecidos en la Constitución nacional. Nuestro diseño institucional establece tres órdenes gubernamentales: Nación, provincia y municipio, a los que por imperio de los textos constitucionales y legales se les asignan diversas competencias en variadas materias. En nuestra Constitución nacional, las provincias son preexistentes a la Nación y delegan en el gobierno federal una serie de atribuciones perfectamente establecidas.La Constitución nacional indica en el artículo 123 que los alcances y contenidos de la autonomía municipal deben ser establecidos por los gobiernos provinciales.

¿Qué autonomía podemos y qué autonomía queremos? Debemos tener claridad e informar precisamente a la sociedad sobre qué cosas podremos hacer con autonomía y qué cosas no. Esto es fundamental para no generar falsas expectativas e ilusiones que contribuyan a deslegitimar la política, la democracia y las instituciones. Con autonomía no se puede hacer cualquier cosa (a modo de ejemplo, no podríamos establecer un sistema monárquico para la ciudad de Rosario aunque su pueblo lo quiera).

Pero además de llevar claridad sobre que podemos hacer, hay que dar la discusión sobre qué autonomía queremos y en esto creemos que va a estar la verdadera riqueza de dar un amplio debate social.
Tenemos una gran oportunidad para que los rosarinos podamos pensarnos, para vernos como miembros de una comunidad local, pero también como integrantes de una comunidad provincial y nacional.
Los marcos normativos no son neutrales, manifiestan un modelo de país, un modelo de federalismo, un modelo de provincia, un modelo de ciudad.

Evidentemente el modelo de país, de provincia o de ciudad que quieren los liberales no es el mismo modelo de los que pensamos y sentimos en clave nacional, popular y democrática. La historia nos demuestra claramente esta afirmación, la Constitución de 1949 expresaba un modelo de país diferente al de la Constitución de 1853.

Si bien nuestra actual Constitución nacional en su artículo 75 inciso 19 establece claramente un parámetro ideológico, cuando afirma: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones", con el objeto de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”, evidentemente no es un objetivo compartido por todos. Quedó demostrado en 2008 que muchos sectores de la Pampa Húmeda no deseaban contribuir con parte de sus ganancias al desarrollo de provincias y poblaciones no tan beneficiadas por la fertilidad de sus suelos.

Lo mismo ocurre en el contexto provincial, equilibrar las desigualdades provinciales implica invertir más en aquellos lugares postergados, donde el Estado es el único que puede realizar las inversiones imprescindibles para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. La provincia de Santa Fe también tiene desigualdades profundas.

Todavía recordamos algunas recomendaciones de pensadores liberales que propiciaban la eliminación del status de comunas (con la consiguiente pérdida de su autonomía política) a pequeñas comunidades de nuestra provincia por considerar su inviabilidad económica, similar a conocidas propuestas nacionales de eliminación de provincias.

Desde nuestra mirada creemos que hay competencias que la provincia debe mantener, que no deben ser dadas a los municipios, que son herramientas de integración social y territorial. Como ejemplo mencionamos la educación, la distribución de la energía, la obtención y distribución del agua potable, el servicio de justicia y la protección al trabajador, entre otras. Clarificar qué competencias deben quedar en manos provinciales y cuáles deben ser de exclusiva incumbencia municipal, y paralelamente definir cuáles van a ser los recursos que las sostengan, es la principal tarea del necesario debate.

Promover el debate, una oportunidad. Hoy los argentinos estamos viviendo un gran momento para encontrar caminos hacia la solución de viejos problemas estructurales de la Nación: el proceso iniciado en nuestro país con la presidencia de Néstor Kirchner y su continuación con el actual gobierno de Cristina Fernández es sin duda una oportunidad histórica. En el marco de la democracia y el respeto a las libertades públicas se está dando un proceso de profunda transformación en beneficio de los sectores populares y de las regiones postergadas del país, enfrentando a sectores que históricamente se han opuesto a que tengamos una nación para todos y que los frutos de esta tierra sean disfrutados por las grandes mayorías populares.

Este proceso ha posibilitado poner sobre la mesa de discusión temas que parecían imposibles hace algunos años, le ha dado nuevamente centralidad a la política como práctica transformadora de la realidad, y a la organización y participación popular como motor de inclusión, conquistas y logros sociales. Por eso creemos que este es un buen marco político para llevar adelante un profundo debate sobre qué pretendemos con la autonomía. Todos los sectores, desde el norte profundo al sur agrario, la costa y el oeste con su cuenca lechera, tienen algo que aportar desde su particular visión.
Ampliar la incumbencia y no reducirla al mero ámbito de lo político partidista, extendiéndola a todas sus regiones, multiplicada en las voces de sus empresarios, trabajadores, profesionales y organizaciones libres del pueblo.

Lamentablemente se ha utilizado el concepto de autonomía como una bandera que pretendía reivindicar legítimos derechos regionales (de los rosarinos, por ejemplo) contra el avasallamiento de las administraciones provinciales o nacionales.

Esta utilización realizada por algunos dirigentes políticos y amplificada por algunos medios de comunicación, ha distorsionado la verdadera importancia de este instrumento. Reincidir en este dislate conduce a la sanción de un texto legal que en el mejor de los casos puede ser sólo una mera expresión de deseos y en otros puede traer serios conflictos de competencias que tendrán que ser resueltos en el ámbito judicial.

Por eso nosotros planteamos oxigenar el corpus conceptual con la inclusión participativa de lo social desde todas sus expresiones como necesidad de debate para sancionar la mejor ley de autonomía, la más eficaz para contribuir a la integración social y al desarrollo armónico de las ciudades y pueblos de la provincia, conscientes de que la autonomía no es neutra, no es un fin en sí mismo.
Debe tenerse en cuenta su carácter instrumental, porque en definitiva la autonomía municipal debe pensarse dentro de un proyecto de provincia y de país.